El gas licuado ha sido tema inevitable de conversación desde que ENAP anunció su decisión de ingresar a este mercado, pese a que pareciera que el piloto aplicado daría cuenta de que para la estatal no resultaría un negocio muy rentable. Lo que está causando una molestia transversal y, en ese contexto, es que un grupo de diputados de la bancada de Renovación Nacional (RN) terminó por acudir a la Contraloría con el fin de que investigue el proceso por el que ENAP está avanzando en esta área.

Argumentando “sorpresa y molestia generalizada” por la información acerca de que el Gobierno habría pagado “millonarias cifras para cumplir con su promesa del programa Gas a precio justo”,  parlamentarios de Renovación Nacional (RN) decidieron tomar medidas respecto al tema, ya que según sostienen, “en total, 5.743 cilindros le costaron al Gobierno $ 117 mil cada uno, los que luego fueron comercializados a $ 15.056”.

Leónidas Romero, Sofía Cid, Miguel Mellado Suazo, José Miguel Castro, Muñoz, Marcia Raphael y Andrés Celis, liderados por su jefe de bancada, Frank Sauerbaum, presentaron a la Contraloría un documento de ocho carillas en que solicitan a Jorge Bermúdez que “en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, disponga una investigación para determinar si existe un eventual incumplimiento de los principios de eficiencia y economicidad que debe observar la administración en el uso de los recursos públicos destinados a la implementación del programa “Gas de Chile”, desarrollado actualmente por la Empresa Nacional del Petróleo con intervención de los ministerios de Desarrollo Social y de Energía”.

A este respecto, la diputada integrante de las comisiones de Hacienda y Economía de la Cámara, Sofía Cid, ahondó en la falta de responsabilidad en la toma de decisión en este tema y subrayó que “si habláramos de un Ejecutivo responsable económicamente, se hubiera analizado en su mérito si era o no conveniente para nuestras arcas fiscales la implementación de un programa en el que costaba $ 117 mil cada cilindro de gas, sin olvidar que benefició sólo a 3.100 familias, cuando el anuncio era de 100 mil familias en el primer año de ejecución”.

Por su parte, el miembro de la Comisión de Minería y Energía, Andrés Celis, advirtió sobre un “despilfarro inaceptable de recursos públicos".

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Fiscalización en la Cámara

Pero la molestia se extiende hacia el oficialismo, ya que el jefe de la bancada de diputados PPD-independientes e integrante de la Comisión de Minería Cristián Tapia, advirtió que esta es “una situación muy preocupante”, pero escaló un poco más su inquietud, adelantando que “si aquí hay situaciones anormales, el ministro de Energía, el ministro de Desarrollo Social y ENAP tendrán que ir a darnos cuenta a nosotros, en el Comisión de Minería y Energía, por qué están sucediendo esas cosas”.

Según añadió, evidentemente molesto, que el país no se puede dar el lujo de gastar recursos escasos en un negocio que a simple vista “es sumamente extraño, que no obedece a los patrones que debiera tener nuestro Gobierno y el país”. Por lo que incluso no descartó que “si hay personas que tienen que hacerse responsables de esta situación, tendrán que hacerlo; y nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo como fiscalizadores también”.

Por su parte, el diputado exDC Miguel Ángel Calisto se refirió también a los polémicos costos del plan piloto, asegurando que “nos encontramos con la sorpresa de que el Gobierno pagó $ 117 mil por cada cilindro en su plan piloto. Un gobierno que se comprometió a hacer justicia, a terminar con el mercado viciado del gas, hoy en día es cómplice, ampara un sistema irregular, un modelo de gas que no funciona, cayendo en la misma lógica del gran empresariado”; argumentó.

En este sentido, Calisto recordó que se han presentado iniciativas para regular el mercado del gas natural, pero no del gas licuado y explicó que en ciertas localidades de Aysén –región a la que representa en la Cámara-, la gente paga más de $ 35 mil por un balón de gas de 15 kilos, lo que desde su punto de vista “es un abuso que se da a vista y paciencia de este Gobierno”.